Ayer, honorables diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa amenazaron (de que otra manera se le puede llamar) con tener para su uso personal el listado de evasores fiscales, es decir los nombres y apellidos de aquellos personajes que no pagan sus impuestos, que hacen "trampas" para pagar menos o que no entregan facturas o tiquets (o los entregan "chaveliados").
De acuerdo a La Prensa Gráfica, don Luis Cardenal representante de empresarios, de inmediato expresó que “...una reforma de este tipo es contraproducente y podría alejar la inversión en el país", de nuevo el lobo nos comerá.
Por supuesto, los aliados políticos de los gremios empresariales, no guardaron silencio, doña Milena expresó que ella no cree“...que con este tipo de reformas se actúe mejor tributariamente; es más, esto trae vicios de inconstitucionalidad". No se preocupe entonces doña Milena, que por hoy existe una Sala de lo Constitucional que a la fecha, ha demostrado estar formada por verdaderos jueces.
En Estados Unidos un peligroso criminal de los años 20, a quien conocieron como "El enemigo público número 1" fue detenido, enjuiciado y condenado por no pagar impuestos, no por su vida de criminal violento y traficante, sino por evasor de impuestos, se llamaba "Al" Capone.
Si usted revisa la página del IRS (Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos), podrá leer (en varios idiomas) en la información para los recién llegados a ese país lo siguiente: "Toda persona que resida en los Estados Unidos, reciba ingresos y cumpla con ciertos requisitos tiene la obligación de presentar una declaración de impuesto federal. La obligación de presentar la declaración no depende de su condición migratoria, sino más bien del nivel de sus ingresos. Presentar la declaración es la ley, y el no cumplir con ella le expone a sanciones, tanto civiles como penales". Por eso, nuestros hermanos ilegales en los Estados Unidos, lo primero que hacían luego de obtener un trabajo, era inscribirse para poder pagar impuestos, porque el mensaje es en serio.
Las palabras de la diputada Peña: "Son 700 millones de dólares de evasión anuales. Cuando uno le debe a un banco lo publican. Yo he visto hasta mupis donde sale que le deben a un privado, pero cuando le deben al Estado por ley lo encubrimos. Eso no es correcto", tienen mi total respaldo, pero la propuesta que han hecho es incompleta y de allí que suena más a amenaza que a verdadera intención de combatir la evasión.
Digo lo anterior porque todos los salvadoreños y salvadoreñas tenemos el derecho de saber quiénes son, con nombre y apellido, los ciudadanos poderosos o no, que evitan el desarrollo nacional, que niegan a los más pobres la oportunidad de contar con los recursos para una mejor educación, una salud que al menos brinde las medicinas básicas en los hospitales y unidades de salud nacionales.
Los diputados no pueden obtener esa información y luego guardarla bajo el brazo para cuando ellos y ellas consideren que es momento de hacerla pública. Esa información debe ser pública y todos tenemos derecho a conocerla, de lo contrario esta propuesta no pasará a ser más que una amenaza, con cualquier intención, menos la de combatir la evasión que, junto a la corrupción, hace tanto daño a El Salvador y sus ciudadanos, especialmente a los más humildes.
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