¿Miente La Prensa Gráfica o el Ministro de Hacienda?

Imagenes tomadas de la edición de La Prensa Gráfica de este día.


Actualmente trabajo en el Ministerio de Hacienda, este día me sorprendió leer en La Prensa Gráfica una nota titulada: “Hacienda no dará bono de $1,000 a empleados”, el o la periodista que ha hecho la nota, escribe en su segundo párrafo lo siguiente: “Nosotros no tenemos la capacidad de dar ni el bono, ni los siete gimnasios, ni el rancho en la playa, ni los minutos de tiempo holgado por cada hora trabajada”, sostuvo Cáceres. El conjunto de medidas que planteó el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda (SITRAMHA) costaría unos $90 millones, según el funcionario, incluyendo un bono de $1,000 para cada trabajador”.

Por la manera en que se redacta la noticia se entiende que se ha entrevistado al Ministro Cáceres y él les brinda estas declaraciones. Incluso en el tercer párrafo se lee: “…Ahí a través de un laudo arbitral, se estableció que el Ministerio debía acceder a las peticiones”. Sin embargo el famoso laudo arbitral dice otra cosa:

Siete gimnasios:
Laudo Arbitral: “Gimnasios (promoción de la salud física y mental) Como una contribución y promoción a la salud física y mental, el Ministerio de Hacienda gestionará convenios, ante diferentes instituciones gubernamentales o descentralizadas, para obtener los permisos necesarios para que los trabajadores del Ministerio de Hacienda, puedan utilizar las instalaciones destinadas a ejercicios físicos.”
NO obliga al ministerio de Hacienda a instalar siete gimnasios.

Rancho en la Playa
Laudo Arbitral: “Centro de recreación. Las empleadas y empleados del Ministerio de Hacienda, sus familiares, así como los jubilados de esta institución tendrán derecho al ingreso en las instalaciones del Centro Recreativo San Bartolo y cualquier otro que se desarrolle en el futuro. Para tal efecto deberá darse cumplimiento a lo establecido en el instructivo que regule lo relacionado con el ingreso y uso de las instalaciones. El Ministerio gestionará ante otras Instituciones Gubernamentales o Descentralizadas que posean instalaciones similares en playas, lagos y montaña los permisos necesarios para que los empleados o empleadas del Ministerio puedan utilizar dichas instalaciones”.
NO dice que el Ministerio debe tener o crear un rancho en la playa, por cierto el Centro Recreativo San Bartolo ya existe, creo que desde el gobierno del Presidente José Napoleón Duarte, no es nuevo, ni hay que construirlo.

Minutos de tiempo holgado por cada hora trabajada
Recuerdo que el Sindicato de Trabajadores (al que no estoy afiliado) propuso que en las áreas de atención al público se permitiera algunos minutos de descanso por cada cierto tiempo trabajado (no recuerdo el detalle de los minutos ni cada cuantas horas sería ese descanso), esto con la intención de que los compañeros que atienden público se relajaran y se repusiera para volver con nuevos bríos al trabajo. Esto no se aprobó ni siquiera aparece en el Laudo Arbitral y honradamente, a quienes trabajamos atendiendo público nos hubieran caído muy bien, sobre todo en este momento que puras “puteadas” nos llegan y recibimos por que la devolución de renta no ha sido entregada como se ofreció allá por febrero de que se devolvería primero las que fueron entregadas de manera digital utilizando el formato de Declaración Sugerida. Pero este tiempo de descanso para reponer energías, ni siquiera fue mencionado en el Laudo Arbitral.

Bono de un mil dólares
Laudo Arbitral: “El Ministerio de Hacienda entregará en el mes de junio, en concepto de Bonificación especial a cada uno de sus empleados y empleadas, un bono de un mil dólares ($1000), el cual será entregado en el pago correspondiente a dicho mes”.
SI se encuentra en el Laudo Arbitral que además finaliza con estas dos cláusulas:

“Aplicación del Laudo Arbitral. Si en la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente instrumento, hubiese diferencias de criterios entre los interlocutores sociales, las mismas serán dirimidas en reuniones conciliatorias que se celebrarán para tal efecto. Si no pudiesen resolverlas, podrán acudir ante las autoridades competentes a fin de que decidan de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.”
Y la final:
“Aplicabilidad de decretos legislativos y ejecutivos. Expresamente se declara: Que lo dispuesto en Decretos Legislativos o Ejecutivos, que modifiquen los salarios y/o prestaciones sociales de los empleados públicos, no se aplicarán al Ministerio de Hacienda, a menos que los mismos expresamente así lo dispongan.”
La famosa ”Política de ahorro y austeridad del sector público 2012” publicado en el Diario Oficial del 12 de abril de 2012, Número 66, Tomo No. 395; no menciona como ente obligado a su cumplimiento al Ministerio de Hacienda, al menos no expresamente aunque si lo hace con CEL e ISSS, (claro mañana lo pueden enviar a publicar nuevamente al Diario Oficial cambiándole esto, pero hasta este día 14 de junio de 2012, no se menciona al Ministerio de Hacienda).

Cada página del laudo arbitral tiene la firma de los tres participantes en esa negociación, y es difícil pensar, al menos a mi se me hace imposible creer, que el Sr. Ministro de Hacienda, no se enteró del contenido de este laudo arbitral mientras se negociaba, y de los logros que se hacían cada día, de cada punto que se aprobaba y rechazaba… y se me hace imposible creer que el representante del Ministerio de Hacienda en esa negociación, Ing. Ricardo Perdomo haya actuado como un ente independiente, sin consultar, tomando decisiones por sí mismo, cuando el mismo presidente de la República le ha concedido la confianza de ser miembro del gabinete de seguridad como jefe del Organismo de Inteligencia del Estado.

¿Quien miente entonces, La prensa Gráfica o el Ministro de Hacienda?

"Análisis" superficiales, también permiten y encubren opacidad

Oneroso es pesado, molesto, gravoso que ocasiona gasto o menoscabo. Según el diccionario en línea de la Real Academia de la Lengua, y eso es justamente el título que El Diario de Hoy le da a los “gastos en los entes autónomas del aparto estatal”.

Y en esta nota, que ha merecido dos páginas, me parece que hay cosas observables, veamos:

Titula un apartado: “ANEP urge formar el Instituto de Transparencia para Indagar ‘despilfarros’”, yo no he leído el comunicado de la ANEP por tanto no se si realmente el comunicado de tal organización dice eso. Pero si lo hace están equivocados los empresarios que respalden ese comunicado y El Diario de Hoy. El instituto tiene definidas sus atribuciones en el Art. 58 de la “Ley de Acceso a la Información Pública” y estos no incluyen indagar “despilfarros”, ni los gastos en los que incurren los entes obligados como les llama la ley a todas las instituciones que reciben dinero público. Ese tipo de eventos, despilfarros o gastos no justificados deben ser investigados por la Corte de Cuentas de la República y los medios de comunicación deberían preocuparse de que así sea.

Como parte de la misma noticia hay un apartado “CEL un geólogo o un hidrólogo con pago similar a asistente”, y hace varias comparaciones que habrá que ver si son válidas, porque no menciona posiciones jerárquicas entre los técnicos y algunas jefaturas, pero lo que más llama la atención es la afirmación final de este apartado: El presidente de CEL, según los documentos en el sitio de transparencia, tiene un salario de $6,460, es decir que gana más que los presidentes de los tres órganos del Estado”. Y aquí lo único que uno puede pensar es “juar, juar, juar”, pero pareciera que al medio de difusión no le ha llamado en lo absoluto la atención para ir más allá de lo que los papeles oficiales dicen.

Finalmente, y es lo más importante, si fuera un periódico serio deberían ser más incisivos y más mesurados. Lejos de satanizar los viajes al exterior, lo que debería haber realizado la periodista es un trabajo de investigación serio: revisar si de esos viajes se produjeron informes, por ejemplo, el contenido de los mismos y por supuesto, si al regresar de esos viajes, los participantes, compartieron el conocimiento, han generado proyectos innovadores o han reforzado alguno en proceso, han desarrollado nuevos métodos de trabajo… El Diario de Hoy debería comprender que no es malo que la gente salga y se prepare en el exterior, lo malo es que salgan, y no asistan a los cursos o que se remitan a los menos capaces o menos indicados, gente que no trabaja en las áreas involucradas en los temas que se discutirán en estos viajes. O peor aún, que los viajes, sobre todo los que son cubiertos por proveedores, finalicen en compras “onerosas” hacia esos proveedores.

Los chinos hicieron gastos onerosos en miles de jóvenes a los que becaron para que se preparan en Europa y especialmente Estados Unidos y hoy son parte importante del despegue económico de China, por tanto lo verdaderamente oneroso es lo que está tras las cifras, no las cifras en sí.

¿Quién defiende a los Oficiales de Información?

Empeñados como están los medios de comunicación en encontrar el escándalo en las cifras y datos publicados en los portales web del gobierno, no se dan cuenta de que algunas instituciones tienen ya amenazados a los Oficiales de Información con despido o incluso, según me comentaba un amigo ex compañero del Diplomado en Transparencia, pareciera que ya despidieron a alguno.

Sin duda la Ley de Acceso a la Información Pública, ha obligado a cambiar la mentalidad de sepulcro que existía en muchas instituciones, la cultura del ocultamiento ha ido cayendo y eso es en parte trabajo de los salvadoreños y salvadoreñas que tuvieron el arrojo suficiente (dudo que haya sido inocencia) de asumir el reto de participar activamente en el cambio de la cultura del secretismo, convirtiéndose en Oficiales de Información.

Salvadoreños y salvadoreñas que callada, pero con mucha dedicación, esfuerzo y bajo las malas miradas de algunos funcionarios o jefes, asumieron el reto de hacer que lo “público“ sea, por fin, público.

Los funcionarios y jefes, tuvieron durante un año, tiempo suficiente para cumplir la ley tal cual se manda. Cual buenos salvadoreños que cambian al último momento legal las placas de su vehículo, entregan su devolución de renta o firman la paz, algunos funcionarios no tomaron en serio la Ley (a lo mejor tenían información que, en la práctica, desde arriba se harían acciones para retrasarla), y hoy resulta que alguna información que les hace ver mal fue publica. Y los medios de comunicación, que también tuvieron un año para prepara a sus periodistas y formar equipos de análisis y estudio de la documentación para encontrar la verdadera información, la noticia que podría cambiar este país, se dedican a fomentar el morbo y han publicado algunas informaciones sin mayor análisis o investigación seria.

La combinación de funcionarios deseos de seguir manteniendo el statuo quo y de periodistas y medios listos para fomentar morbo, han colocado a los Oficiales de Información en una situación delicada.

Personalmente creo que todos los salvadoreños debemos un reconocimiento, un aplauso y la admiración a los hombres y mujeres que tuvieron el valor de asumir el reto de luchar en la práctica contra el ocultamiento de la cosa pública arriesgando su seguridad profesional y con ello el de su familia en una tarea, que ojalá los salvadoreños reconozcamos y apreciemos algún día en el precio que esto tiene.

Desde este rincón de la web, sugiero a los medios permanecer más atentos a los cambios que se estén dando en las Oficinas de Información y Respuesta (OIR) o de Acceso a la Información, de las instituciones públicas, centralizadas, descentralizadas o empresariales. Deberían prestar mucha atención a ello porque, en este momento, el cambio o “renuncia” de un Oficial de Información sin duda, significa que en esa institución se prepara el ocultamiento de algo que deben saber los salvadoreños.

El pacto entre pandillas y la adaptación del crimen

Diario “El Mundo“ destaca en su edición del 1 de junio que “Medicina legal cuenta más homicidios que PNC”; dejando de lado que esto es un retroceso, puesto que se había logrado cierto nivel de confianza en las cifras que manejaban esas instituciones, hay algo que llama la atención: hay un aumento en la cifra de desaparecidos con respecto al 2011.

Creo que el caso del cadáver que se desenterró en el Cantón San Antonio, en San Vicente y del que existen fuertes sospechas pertenece a la atleta Allison Iraheta, permite ya establecer un nuevo modo de operación de parte de los asesinos que siguen activos: secuestran, asesinan y entierran.

Ya los medios han difundido más de una información en la que las autoridades deben desenterrar cadáveres que resultan ser, de salvadoreños que previamente fueron secuestrados y algo más, en todos estos casos, se han llegado hasta esas “tumbas” ilegales, gracias a denunciantes que, con criterio de oportunidad, han traicionado a sus cómplices.

En otras palabras, la autoridad de los jefes de maras que desde la prisión han “pactado” la no agresión entre ellos, permite que se siga asesinando a salvadoreños y ha fallado, ya a su palabra de convertir las escuelas en “Zonas de Paz”, lo único que ha hecho es obligar a “los de la libre” (los mareros que no están presos) a modificar su forma de actuar, ya que hoy secuestran, asesinan y entierran.

A primera vista, la intención de estos asesinos es ocultar los hechos (las pruebas dirían los especialistas en criminalista) para que los asesinados, no sean contabilizados como fallecidos sino como desaparecidos, logrando que las cifras de las autoridades de seguridad se mantengan intactas en el “éxito” alcanzado, que los líderes de pandillas se mantengan fuera del Penal de máxima seguridad de Zacatecoluca; pero manteniendo el riesgo sobre los salvadoreños que no somos parte de las pandillas.

Si esto fuera así, implicaría que la autoridad de los dirigentes de mara encarcelados, se ha debilitado y que “los de la libre“, desobedeciendo a su dirección, siguen ejerciendo el sicariato o arreglando sus problemas internos o con la otra pandilla utilizando el método tradicional: el asesinato.

Las autoridades deberían informar de manera transparente a la población salvadoreña acerca de lo que está ocurriendo, y de las medidas que están tomando para evitar que nuevos jóvenes, adultos o ancianos salvadoreños sean asesinados y sus perpetradores, permanezcan impunes.