Las entidades de lucha contra la corrupción patrocinadas por Naciones Unidas, son entidades que surgen de común acuerdo entre esta entidad multinacional y el gobierno del país que las solicita.
Así fue en Guatemala, donde el 7 de enero de 2004 se firma el “Acuerdo entre Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad en Guatemala, CICIACS”, este acuerdo es el resultado de presiones que luego de la firma de los acuerdos de paz (29-diciembre 1996) mantienen los organismos defensores de derechos humanos, ante las continuas violaciones de tales derechos en ese país, presiones que arrecian en 2003, al aumentar dichos ataques.
La “CICIACS fue creada como cuerpo autónomo para la investigación y persecución penal de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, tenía estatus de querellante adhesivo y, debido a que las peticiones de ser querellante adhesivo son rechazadas con frecuencia por los jueces, el acuerdo le da ese estatus en todos sus casos y hasta en casos ya existentes, relacionados a su materia; puede iniciar procesos penales, independientemente del Ministerio Público; sus técnicos tienen las facultades de oficiales públicos que necesitaran para la investigación, pueden pedir asistencia de las fuerzas de seguridad pública si fuera obstruida su misión y, tendrían acceso total a todas las instituciones y sus archivos, civiles y militares, y podrían ignorar instrucciones que vinieran del gobierno o cualquier fuente no-CICIACS. En otras palabras, se crea un ente autónomo de las instituciones oficiales.
Firmado el acuerdo, surge una discusión en la sociedad guatemalteca que finaliza en un pronunciamiento de la Corte de Constitucionalidad estableciendo, en el mismo 2004, que “el Acuerdo CICIACS concebido como está, viola la Constitución de la República…[y] por lo consiguiente, el Congreso de la República no debe aprobarlo”.
El Gobierno de Guatemala reescribe el texto del acuerdo y solicita, a través del Departamento de Asuntos Políticos de la ONU, negociar el establecimiento de una nueva comisión a finales de 2005, tal escrito es entregado al Secretario General el 31 de mayo de 2006, y se firma el acuerdo el 12 de diciembre de ese año, estableciendo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La situación en Guatemala es tan crítica que en febrero de 2007, tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano son secuestrados y asesinados; por el linaje de los fallecidos, rápidamente son capturados los hechores: cuatro miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, incluido el jefe de la Sección del Crimen Organizado de la Dirección de Investigación Criminal (DICN), dos días después de su captura, los cuatro fueron asesinados dentro de una cárcel de alta seguridad.
En el medio de todas esas presiones, el acuerdo de creación de la CICIG es ratificado por el Congreso de Guatemala el 1 de agosto de 2007 y entra en vigor el 4 de septiembre de ese año, cuando el Estado de Guatemala notificó a la ONU que había completado todos los procedimientos internos para su aprobación y ratificación. Diez días más tarde, el Secretario General de la ONU nombró al primer Comisionado de la CICIG, al jurista español Carlos Castresana Fernández.
En el nuevo acuerdo, la CICIG, puede solicitar apoyo en sus investigaciones a los funcionarios locales, se mantiene la calidad de funcionarios diplomáticos y la inviolabilidad de sus locales, pero se convierte en auxiliar del Ministerio Público. La entidad se mantendrá gracias a donativos económicos o con personal especializado, de la comunidad internacional, el acuerdo dura dos años, prorrogables por períodos similares.
A la fecha se han realizado cinco prórrogas, la última finalizará el 3 de septiembre de 2019, fecha en que la CICIG desaparece, por decisión del actual presidente de Guatemala Jimmy Morales. El trabajo de la CICIG en Guatemala ha llevado a la cárcel a muchos delincuentes incluyendo, al ex presidente Otto Pérez Molina y su ex presidenta Roxana Baldetti, acusados de dirigir una red de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), entidad responsable de los impuestos internos y aduanas en Guatemala. A partir de esta investigación, se identifica a empresas que evadían impuestos.
Aquí fue que la CICIG marcó su sentencia de muerte, porque se tocó, no solo el poder político, sino el poder económico esto, asociado a otras acciones diplomáticas que neutralizan a los Estados Unidos, es aprovechado por el actual presidente (cuyo hermano e hijo han sido señalados por actos de corrupción) para dar por terminada la relación con la CICIG.
Podemos ver que Guatemala tuvo dos etapas, la CICIACS (que fue inconstitucional) y la CICIG (que fue constitucional) y ese período tomó desde 1996, luego de la firma de los acuerdos de paz, que arreció en 2003 cuando la sociedad civil inició una presión organizada, hasta 2007, que se firma el acuerdo CICIG.
A partir de la experiencia guatemalteca, vale la pena considerar tres cosas:
- La Comisión internacional hace lo que se le ordena en el acuerdo firmado por gobierno y Naciones Unidas,
- Toma tiempo establecerla,
- Hay que realizar todo el proceso legal interno del país, para que pueda funcionar.
Luego habrá que preguntar: ¿Qué quiere, el nuevo gobierno de El Salvador, que haga la CICIES? esto es importante, porque esa entidad hará lo que el acuerdo firmado por Naciones Unidos y el Gobierno de El Salvador le mande.
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