Carta abierta a TRACODA SV

Orignado por la discusión de que es ilegal la entrega del nombre y apellido de los servidores públicos, asociado al salario que reciben; pero además que es arriesgar la vida de los mismos por el nivel de violencia, extorsión que vivimos solicité a TRACODA (la ONG que ha solicitado nombre y apellido asociado al salario) aclaración a una afirmación que hicieron en tweeter, pero no llegó, de allí que publique esta carta abierta:

Una discusión perdida

La mayoría de nosotros hemos escuchado el cuento “Pedrito y el Lobo”, es el de un niño pastor bromista, que para llevar emoción a su vida, gritaba “¡viene el lobo, auxilio, viene el lobo!”, a los gritos del pequeño, los vecinos corrían en su auxilio, con herramientas de labranza y palos listos a espantar al lobo, y entonces, el pastorcito se carcajeaba disfrutando del engaño realizado, pasó una, dos, varias veces. Un día, llegó el lobo y atacó a las ovejas, y por más que Pedrito gritara “¡Auxilio, el lobo, Auxilio, el lobo!” nadie acudió en su ayuda porque nadie le creyó, a partir de la experiencia que tenían con el pastor mentiroso.

En El Salvador, en este momento Pedrito se llama Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), y tiene este rol porque, desde su llegada al gobierno de la República en 1989 ofreció un país diferente, al que teníamos en esa fecha, que, entre otras cosas, había nacionalizado la banca comercial, el comercio exterior (café, caña de azúcar, algodón) e implementado una reforma agraria (con altos y más bajos).

Pues el 1 de junio de 1989, Don Alfredo Cristian asume la presidencia de la República y en su “Plan de desarrollo económico y social”, estableció en el papel “dos objetivos globales (1) crear las condiciones para alcanzar un crecimiento económico robusto y sostenido; (2) elevar el bienestar y calidad de vida de toda la población, especialmente la que se vive en extrema pobreza”; en la práctica las acciones que realizó fueron, entre otras: eliminar el Instituto Regulador de Abastecimiento (IRA) que ejercía control de precios de maíz, frijol, arroz, azúcar, maicillo, compra-venta de éstos productos buscando precios justos al productor y al consumidor; también elimina el Instituto de Vivienda Urbana (Constructor de vivienda popular como Zacamil, Colonias Jardín en Mejicanos, IVU en Santa Ana y otros); Se liberaliza el precio de 230 productos de la canasta básica para que el “mercado” establezca los precios. Se declara inconstitucional INCAFE (exportadora gubernamental del café); Se privatiza el Instituto Salvadoreño de Investigaciones del café (ISIC), el comercio exterior. La Escuela Nacional de Agricultura (ENA) y el Instituto Tecnológico Centroamericano (ITCA) son entregados a la administración de FEPADE; Hay otras medidas que buscan favorecer a la empresa exportadora y reducen los ingresos por impuestos al fondo general de la nación.

El 1 de junio de 1994 Asume el presidente Armando Calderón Sol, teniendo como eslogan: “¡Para convertir a El Salvador, en un país de oportunidades!” aumenta las privatizaciones agregando a la lista los ingenios azucareros; Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL); Distribución de energía eléctrica (CLESA, CAESS, DEUSEM y otras); los fondos de pensiones que se entregan a las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP) con los resultados que hoy padecemos, porque algo curioso es que siempre se privatizó, según nos explicó cada presidente en su momento, pensando en los pobres, para volver más eficientes los servicios, para aumentar los ingresos, la realidad en el tiempo se encargará de enseñarnos que no importa que tan buena sea una ley en el papel siempre se podrá modificar hasta deformarla… a favor de los propietarios que disfrutan las ganancias.

El 1 de junio de 1999 el presidente Francisco Flores propone “La nueva alianza” orientada a lograr que todas las personas, familias y comunidades se corresponsabilicen en la búsqueda de su bienestar y progreso y por supuesto, ofrece más empleo e ingresos, servicios básicos más accesibles, sociedad civil fortalecida y mayor espacio para el desarrollo personal por el clima de seguridad y justicia en armonía con el medio ambiente. En los hechos, lo más memorable de este gobierno es la promesa del bi-monetarismo que también el tiempo se encargó de enseñarnos que es dolarización asolapada y además, de que la alianza, no era con el pueblo sino con su partido, al que, hoy sabemos, hizo llegar en parte o total (nunca me quedó claro) un donativo en efectivo que Taiwan entregó para los afectados por los terremotos del 2001, también le cabe el honor de haber enfrentado a los trabajadores de la salud, acompañados de otros sindicatos y estudiantes de la Universidad de El Salvador, que frenaron, con las memorables “marchas blancas” lo que era su mayor ambición: privatizar la salud.

El relevo llega el 1 de junio de 2004, con el Presidente Antonio Saca, un empresario que se encargó de vendernos que lo “Lo social no es complemento de nada, es la base de todo”, mientras acarreaba ilegalmente, según la Fiscalía General de la República (FGR) más de 300 millones de dólares del fondo general, es decir, disponía de 10 años el presupuesto del Hospital Bloom 2018, para asuntos de su interés particular y el de su familia (según la FGR). Adicionalmente realizó acciones como la de reducir a la mitad las pensiones de beneficiarios, cuando éstos tienen su propia pensión, así por ejemplo una maestra jubilada y viuda de otro maestro solo recibía su pensión y la mitad de la pensión de su esposo (como beneficiaria); le cabe la gloria de haber creado el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) el mecanismo legal aprobado en 2006 que permite al gobierno sacar dinero de las cuentas privadas de los cotizantes de las AFP y con eso pagar a los jubilados del ISSS y el INPEP, acabando de destruir el ya mal parado sistema privado de pensiones.

En cada caso, en cada nuevo evento, nos vendieron que la privatización era lo mejor, el servicio mejoraba, las ganancias aumentaban, el rebalse económico llegaría y todos seríamos remojados con esa abundancia de dinero… La experiencia ha enseñado otra cara.

Con esos antecedentes, ARENA tiene perdida la discusión de la privatización del agua, porque, al igual que Pedrito, la enorme mayoría de vecinos de esta comarca, llamada El Salvador, no le creemos que no tiene intenciones de privatizarla.

CICIAC, CICIG, CICIES ¿Qué desea el GOES?

Las entidades de lucha contra la corrupción patrocinadas por Naciones Unidas, son entidades que surgen de común acuerdo entre esta entidad multinacional y el gobierno del país que las solicita.

Así fue en Guatemala, donde el 7 de enero de 2004 se firma el “Acuerdo entre Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad en Guatemala, CICIACS”, este acuerdo es el resultado de presiones que luego de la firma de los acuerdos de paz (29-diciembre 1996) mantienen los organismos defensores de derechos humanos, ante las continuas violaciones de tales derechos en ese país, presiones que arrecian en 2003, al aumentar dichos ataques.

La “CICIACS fue creada como cuerpo autónomo para la investigación y persecución penal de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, tenía estatus de querellante adhesivo y, debido a que las peticiones de ser querellante adhesivo son rechazadas con frecuencia por los jueces, el acuerdo le da ese estatus en todos sus casos y hasta en casos ya existentes, relacionados a su materia; puede iniciar procesos penales, independientemente del Ministerio Público; sus técnicos tienen las facultades de oficiales públicos que necesitaran para la investigación, pueden pedir asistencia de las fuerzas de seguridad pública si fuera obstruida su misión y, tendrían acceso total a todas las instituciones y sus archivos, civiles y militares, y podrían ignorar instrucciones que vinieran del gobierno o cualquier fuente no-CICIACS. En otras palabras, se crea un ente autónomo de las instituciones oficiales.

Firmado el acuerdo, surge una discusión en la sociedad guatemalteca que finaliza en un pronunciamiento de la Corte de Constitucionalidad estableciendo, en el mismo 2004, que “el Acuerdo CICIACS concebido como está, viola la Constitución de la República…[y] por lo consiguiente, el Congreso de la República no debe aprobarlo”.

El Gobierno de Guatemala reescribe el texto del acuerdo y solicita, a través del Departamento de Asuntos Políticos de la ONU, negociar el establecimiento de una nueva comisión a finales de 2005, tal escrito es entregado al Secretario General el 31 de mayo de 2006, y se firma el acuerdo el 12 de diciembre de ese año, estableciendo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

La situación en Guatemala es tan crítica que en febrero de 2007, tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano son secuestrados y asesinados; por el linaje de los fallecidos, rápidamente son capturados los hechores: cuatro miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, incluido el jefe de la Sección del Crimen Organizado de la Dirección de Investigación Criminal (DICN), dos días después de su captura, los cuatro fueron asesinados dentro de una cárcel de alta seguridad.

En el medio de todas esas presiones, el acuerdo de creación de la CICIG es ratificado por el Congreso de Guatemala el 1 de agosto de 2007 y entra en vigor el 4 de septiembre de ese año, cuando el Estado de Guatemala notificó a la ONU que había completado todos los procedimientos internos para su aprobación y ratificación. Diez días más tarde, el Secretario General de la ONU nombró al primer Comisionado de la CICIG, al jurista español Carlos Castresana Fernández.

En el nuevo acuerdo, la CICIG, puede solicitar apoyo en sus investigaciones a los funcionarios locales, se mantiene la calidad de funcionarios diplomáticos y la inviolabilidad de sus locales, pero se convierte en auxiliar del Ministerio Público. La entidad se mantendrá gracias a donativos económicos o con personal especializado, de la comunidad internacional, el acuerdo dura dos años, prorrogables por períodos similares.

A la fecha se han realizado cinco prórrogas, la última finalizará el 3 de septiembre de 2019, fecha en que la CICIG desaparece, por decisión del actual presidente de Guatemala Jimmy Morales. El trabajo de la CICIG en Guatemala ha llevado a la cárcel a muchos delincuentes incluyendo, al ex presidente Otto Pérez Molina y su ex presidenta Roxana Baldetti, acusados de dirigir una red de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), entidad responsable de los impuestos internos y aduanas en Guatemala. A partir de esta investigación, se identifica a empresas que evadían impuestos.

Aquí fue que la CICIG marcó su sentencia de muerte, porque se tocó, no solo el poder político, sino el poder económico esto, asociado a otras acciones diplomáticas que neutralizan a los Estados Unidos, es aprovechado por el actual presidente (cuyo hermano e hijo han sido señalados por actos de corrupción) para dar por terminada la relación con la CICIG.

Podemos ver que Guatemala tuvo dos etapas, la CICIACS (que fue inconstitucional) y la CICIG (que fue constitucional) y ese período tomó desde 1996, luego de la firma de los acuerdos de paz, que arreció en 2003 cuando la sociedad civil inició una presión organizada, hasta 2007, que se firma el acuerdo CICIG.

A partir de la experiencia guatemalteca, vale la pena considerar tres cosas:

• La Comisión internacional hace lo que se le ordena en el acuerdo firmado por gobierno y Naciones Unidas, 
• Toma tiempo establecerla, 
• Hay que realizar todo el proceso legal interno del país, para que pueda funcionar.

Luego habrá que preguntar: ¿Qué quiere, el nuevo gobierno de El Salvador, que haga la CICIES? esto es importante, porque esa entidad hará lo que el acuerdo firmado por Naciones Unidos y el Gobierno de El Salvador le mande.